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    juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano

    Santiago

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    JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS POLITICO

    JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS POLITICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO, BUSTILLO MARÍN, ROSELIA, $220.00. Desde el siglo XIX y hasta la reforma de 1996, ciuda...

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    JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS POLITICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO

    BUSTILLO MARÍN, ROSELIA

    Editorial:

    UBIJUS, EDITORIAL SA DE CV

    Año de edición: 2016 Materia Derecho electoral ISBN: 978-607-9389-33-8 Páginas: 159 Colección: AUTORAL

    DISPONIBILIDAD:

    OFICINA Y ALMACÉN CENTRALEn stock

    EXCLUSIVOS EN dijuris.com 12En stock

    La-Lib DIJURIS - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALAEn stock

    $ 220.00 MXN 11.97 $ 10,52 €

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    SINOPSIS ÍNDICE

    Desde el siglo XIX y hasta la reforma de 1996, ciudadanos mexicanos exploraron la posibilidad de proteger sus derechos político-electorales a través del juicio de amparo. Sin embargo, esa eventualidad se mantuvo cerrada, con excepción de un breve periodo, cuando estuvo al frente de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el jurista José María Iglesias.

    El juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, creado a partir de la reforma constitucional de 1996, es el mecanismo principal que desde esa fecha, tutela específicamente los derechos políticos reconocidos, desde su origen, como los derechos humanos principalmente relacionados con la democracia. Se le conoce como el juicio ciudadano, el más utilizado para impugnar presuntas violaciones a los derechos políticos.

    En ese sentido, este libro tiene la finalidad de acercar a la ciudadanía el conocimiento, en primera instancia, de la existencia de un juicio que tiene como objetivo salvaguardar y restituir los derechos políticos. De manera particular, se abordan: la evolución del juicio para la protección de los derechos político-electorales y el alcance de la tutela y la maximización en su aplicación de cada derecho político, a través de las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial Electoral, y la jurisprudencia vigente. En una segunda parte, se explica la parte adjetiva, el procedimiento y los elementos procesales necesarios para presentar este medio de impugnación, y que todo ciudadano debe considerar para utilizar este juicio.

    El desarrollo del texto se realizó considerando la obligación de tutela, observancia y respeto por parte de toda autoridad hacia los derechos humanos, deber sustentado en el artículo 1 constitucional, la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Expediente Varios 912/2010 y la Contradicción de Tesis 293/2011, ambos resueltos por la SCJN.

    fuente : www.dijuris.com

    La protección de los derechos político

    La protección de los derechos político-electorales del ciudadano y del militante de una organización política en el bloque de convencionalidad mexicana

    Ver/

    TESIS Mata Pizaña.pdf (3.744Mb)

    Fecha

    2015

    Autor

    Mata Pizaña, Felipe de la

    Metadatos

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    Resumen

    Previo al análisis del tema se plantea la necesidad de exponer el contexto y el marco institucional para el trabajo de investigación. Para ello, se precisa que dentro de las tres perspectivas para diseñar y elaborar los trabajos de investigación (tesis láurea, superláurea e investigación crítica), se elige la tesis crítica, entendida ésta como una investigación sistemática y empírica, en tanto se aplican estudios cuantitativos, cualitativos y mixtos, así como un método científico para la organización del proceso de investigación, el control de resultados y la presentación de posibles soluciones al problema. La obra se fundamentó en la investigación documental, en análisis de textos jurídicos y doctrinarios, empleándose libros de ediciones más recientes junto con la jurisprudencia mexicana y española. Planteamiento del problema y formulación de objetivos. Los objetivos principales de esta tesis corresponden a las respuestas hechas en torno a los siguientes cuestionamientos: Es viable crear un amparo mexicano en materia electoral Al respecto, puede servirnos de paradigma el modelo español Cómo se redefine la labor de los jueces electorales a partir del nuevo paradigma de los derechos humanos Qué utilidad o impacto tendrían las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional español en la forma de argumentar de nuestros juzgadores El sistema de control constitucional de los derechos político-electorales del ciudadano en México puede adaptarse a fin de que se haga más eficiente De los anteriores cuestionamientos, se desglosa una serie de objetivos secundarios o específicos. Para dar respuesta a ellos, la investigación se desarrolla en cuatro capítulos: " Justicia constitucional y justicia electoral " Supremacía del bloque de convencionalidad " Garantismo en la justicia electoral mexicana " El control de constitucionalidad y convencionalidad en materia electoral. Casos España y México El desarrollo de la presente investigación ayudará a dilucidar la hipótesis relativa a la viabilidad de establecer un amparo electoral mexicano, o bien, si la figura del juicio político para la protección de los derechos político electorales del ciudadano es suficiente y completa para proteger los mismos, en el entendido de que son derechos humanos. Sobre la justificación social respecto del tema analizado, debe destacarse el aspecto histórico. Un solo partido gobernó de manera hegemónica a México por más de 70 años. La transición democrática que empezó en 1977, y que ha transitado por la alternancia en la titularidad del Poder Ejecutivo, ha traído diversos cambios sustanciales en el modelo electoral mexicano. Después de sucesivas reformas, la más reciente, del año 2014, modificó los cuerpos normativos y sustituyó el COFIPE por la LEGIPE y la Ley General de Partidos Políticos. De igual modo, se creó la Ley General de Delitos Electorales y se adecuaron la LGSMIME y la Ley Orgánica del PJF. Asimismo, trajo el establecimiento de una nueva distribución de competencias, la modificación en la sustanciación y resolución de los procedimientos sancionadores para lo cual se creó una Sala Regional Especializada, entre otros aspectos relevantes. Este es el contexto político y jurídico el cual se escribe esta tesis, con la experiencia personal por más de 15 años como Secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del TEPJF, Secretario General de Acuerdos de la misma, y actualmente como Magistrado de la recién creada Sala Regional Especializada de dicho Tribunal. Las ideas que se plasman en la obra corresponden no solo a una labor académica en abstracto, sino que son fundamentalmente reflexiones basadas en sucesivas investigaciones que fueron redituando en diversas ideas, aportaciones y conclusiones acumuladas tras años de ejercicio profesional en la materia. Análisis de Derecho comparado. Para el desarrollo de esta investigación, se dedicó un mayor énfasis al análisis comparativo entre las instituciones del Derecho electoral español y las figuras mexicanas, toda vez que existe una identidad en la cultura jurídica de ambos países, sin descuidar otros. Se emplea también este estudio, toda vez que el Derecho constitucional comparado es un instrumento valioso para la creación, el perfeccionamiento o el fortalecimiento de los sistemas constitucionales de cada país, tomando en cuenta la afinidad de sus contextos jurídicos y políticos. Esta investigación comparativa tiene la intención de proporcionar una perspectiva más completa sobre la justicia constitucional impartida en México y España. Se justifica, por qué el tribunal español conoce de posibles violaciones en materia electoral, mientras que su homólogo mexicano no puede asumir dicha competencia. CONTENIDO DE LA INVESTIGACIÓN. La justicia constitucional y control de la constitución. Para iniciar con los temas de fondo de la presente investigación, debemos iniciar con la noción previa de justicia constitucional. En Europa, se refiere conceptualmente al conjunto de procesos judiciales o para-jurisdiccionales por los que se garantiza el principio de supremacía constitucional, ya sobre normas en abstracto o en relación con los actos o resoluciones de la autoridad, en el primer caso denominado control constitucional y en el segundo referido a la defensa de derechos y garantías de los gobernados. En México, tales nociones se encuentran íntimamente relacionadas, ya que tradicional y fundamentalmente la vía de control constitucional con la que cuentan los gobernados desde mediados del siglo XIX es el juicio de amparo. A pesar de que desde 1994 se crearon otros medios de control constitucional (v.gr. la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional) la tradición doctrinal mexicana continúa analizando conjuntamente a los procesos de control constitucional, los cuales son usualmente denominados garantías constitucionales. La defensa de la Constitución se logra a través del establecimiento de instituciones y procedimientos que tienen como objetivos la protección de los derechos fundamentales consagrados en su texto, y la delimitación de las competencias de los órganos estatales en torno a dicha salvaguarda, con lo cual se garantiza su supremacía. En este sentido, el control constitucional es la vía por la que se hacen efectivas las limitaciones al poder establecido. Siguiendo las ideas de Hans Kelsen, se distinguía entre lo que es una norma superior y una inferior, estableciéndose que el Derecho regula su propia creación en cuanto a que una norma jurídica determina la creación de otra y, a la vez, establece la forma de creación respecto de su propio contenido. Una vez establecido cuál es la norma superior en un sistema jurídico, se deben señalar las normas que se localizan inmediatamente después de la Constitución, las cuales ocupan el segundo grado dentro de la jerarquía kelseniana. Actualmente, ya no se maneja la teoría del orden estricto de las normas, sino se atiende a un funcionalismo constitucional, una corriente de pensamiento en la cual lo importante no es encontrar la sustancia del Derecho constitucional con referencia al orden jurídico y la organización estatal, sino exponer su relación funcional. En este tenor de ideas, se pueden distinguir al menos dos tipos fundamentales de sistemas de control de la constitucionalidad: el político y el jurídico. El primero es aquel ejercitado por órganos del Estado de carácter técnico administrativo o legislativo. En cuanto al control jurídico o jurisdiccional, su función primordial es la tutela y actuación judicial respecto de los preceptos de la Suprema Ley Constitucional. El control jurídico se divide principalmente en control difuso y control concentrado de la constitucionalidad de las leyes. Atendiendo al modelo estadounidense, el control difuso de la constitucionalidad es aquel medio jurisdiccional de defensa constitucional que tiene por características las siguientes: La función asignada a todos los jueces interpretar las leyes con el fin de aplicarlas a los casos concretos que se sometan a su consideración. Todos los órganos judiciales, inferiores o superiores, federales o estatales, tienen la facultad y obligación de no aplicar leyes inconstitucionales en los casos de sus competencias. Así se establece el principio del vínculo de precedentes, y cuando en las cortes estatales y federales surjan cuestiones de constitucionalidad, éstas podrán ser analizadas por órganos jurisdiccionales superiores como es el caso de la Suprema Corte, la cual tendrá efectos vinculantes para todos los órganos judiciales. La ley considerada como inconstitucional será en los hechos eliminada de forma total y definitiva. Si un juez inferior decidiera que no aplica una ley al caso concreto sometido a su conocimiento, su sentencia podrá ser modificada mediante apelación por un juez superior. Por otra parte, el sistema de control concentrado tiene el antecedente directo del Tribunal. Constitucional austriaco, inspiradas en las ideas de Kelsen, ya que él elaboró el proyecto de la Constitución austriaca. Las características generales del control concentrado son las siguientes: El poder de control de la constitucionalidad de las leyes se concentra en un solo órgano judicial. Existe un órgano judicial conveniente, es decir, una corte constitucional especial. Los jueces comunes son incompetentes para conocer de la inconstitucionalidad, invalidez e inaplicabilidad de ley, están facultados para considerar por buenas las leyes existentes. Identificadas las características de los tipos de control constitucional, se mencionan brevemente las características de algunos países europeos. Paradigmas de la justicia constitucional y electoral en la europa continental. Los modelos de control constitucional en Europa son el austriaco, como ejemplo de control concentrado por excelencia, y el francés, ya que normalmente se le considera un país con control político. Sin embargo, además se analizaron los casos alemán, italiano y español, ya que por su relativa juventud, han incorporado nuevas vías de control constitucional y en la materia electoral Así, podemos mencionar de forma muy breve, lo siguiente: En Austria, dado su modelo de control constitucional, le corresponde a la Corte de Justicia Constitucional verificar las elecciones de los cuerpos de representación; En Alemania, la calificación electoral queda a cargo, en primera instancia, del Bundestag después de su propia elección y, en segunda instancia, cualquier objeción a los resultados debe ser impugnada ante la Corte Constitucional Federal; Tanto España y Francia cuentan con sistemas parecidos, al conferir al Tribunal o al Consejo constitucionales, respectivamente, la competencia de resolver en última instancia las controversias sobre los comicios pero en ambos casos, en primera instancia intervienen jueces del fuero común; En Italia, se cuenta con un contencioso mixto, dado que intervienen el Poder Judicial y las autoridades administrativas electorales en el control comicial; pero también hay un fuerte componente político, toda vez que las cámaras de Senadores y Diputados se erigen en colegios electorales para calificar las elecciones y nombramientos de sus miembros, aunque tratándose de violaciones a las garantías electorales, pueden recurrirse en última instancia al Tribunal Constitucional. Profundizando sobre España, el Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución española y adicionalmente por cuanto hace a las garantías constitucionales, es el más alto tribunal español; y en ese sentido por su materia, está por encima de los tribunales judiciales ordinarios. En materia de justicia electoral española, se destaca que la Administración Electoral (conformada por las juntas electorales: Central, Provincial, de Zona y, en su caso, de Comunidad Autónoma, así como las mesas electorales) tiene por finalidad garantizar la transparencia y objetividad del proceso electoral y del principio de igualdad. Dentro del sistema de justicia español, están previstos dos recursos de amparo para la protección de derechos político-electorales ante el Tribunal Constitucional, ambos contra acuerdos de las Juntas electorales: uno sobre la proclamación de candidaturas y candidatos, y otro sobre proclamación de electos. Con estos dos recursos, se trata de tutelar dos momentos clave del proceso electoral, al garantizar quién puede participar o no en la contienda y quién puede o no tomar cargo de representación popular. Una vez señaladas las características principales de los países europeos, a continuación se explica de forma breve los casos de países iberoamericanos. El derecho internacional de los derechos humanos. Hasta ahora, el Derecho internacional de los derechos humanos reconoce dos tipos de sistemas de protección: el Universal y los regionales (Europeo, Interamericano y Africano). En lo que respecta al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, sus pilares son: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Qué se entiende por control de convencionalidad Podemos definir al control de convencionalidad como el mecanismo que se ejerce para verificar que una ley, reglamento o acto de las autoridades de Estado, se ajustan a las normas, los principios y obligaciones de la Convención Americana principalmente, en la que funda la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. El control de convencionalidad se realiza de dos formas: en sede internacional y nacional. El primero lo realiza solamente la Corte de manera subsidiaria, para interpretar la normativa y las prácticas internas a la luz de la Convención Americana y emitir una resolución en la que se constriñe a modificar, derogar, anular o reformar la norma o práctica impugnada, así como a tomar decisiones para lograr su efectividad. El segundo está a cargo de los jueces nacionales, quienes constatan la compatibilidad de las normas que aplican a casos concretos con la Convención. Control de constitucionalidad y convencionalidad. Casos España y México. La Constitución española reconoce el carácter de garantía constitucional y derecho fundamental a las libertades político-electorales, estableciéndose igualmente al menos en las tres categorías normalmente identificadas: sufragio activo, pasivo y asociación política. Así, en España, el recurso de amparo ha tenido por materia los derechos político-electorales, previamente al agotamiento del recurso contencioso electoral. Cabe resaltar que el recurso de amparo electoral español no es una simple apelación electoral, sino un medio de impugnación de control constitucional en la materia, determinada como vía de análisis respecto de la adecuada interpretación y aplicación de la Constitución española, específicamente del contenido del artículo 23 de ese ordenamiento. Por otra parte, en México, el control constitucional se lleva a cabo por medio de tres juicios: el juicio de amparo; la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad. Además del amparo mexicano y la moderna acción de inconstitucionalidad, existen otras vías de control constitucional, ya bien directas (v.gr. la controversia constitucional) o indirectas (v.gr. juicio político), y finalmente los medios de protección internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En lo que respecta a la materia electoral en México, se expone lo siguiente: Control de constitucionalidad en materia electoral. Se puede decir que el amparo es un medio de control constitucional procedente para resolver las controversias que se susciten en relación con normas generales y actos (u omisiones) de autoridad que violen los derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección en la Constitución y en los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. Sin embargo, el amparo no es una vía idónea para proteger los derechos de naturaleza político-electorales, puesto que para ello existe una vía procesal específica a cargo del Tribunal Electoral, el Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, a nivel nacional, además de los juicios existentes en algunas entidades federativas. Improcedencia del amparo electoral en México. El recurso de amparo no es procedente para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, mismos que no tuvieron una vía jurisdiccional idónea de protección hasta la reforma constitucional de 1996, cuando se creó en el ámbito federal el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano que se interpone ante el TEPJF. Por qué en México la materia electoral se separó totalmente de la vía de amparo Las razones que pueden señalarse al respecto se presentan en dos planos, las de carácter histórico y las que son consecuencia del diseño del modelo jurídico mexicano. Sobre el primero, se encuentra la disputa Iglesias Vallarta, entre las tesis de estos dos connotados juristas ministros de la SCJN. Con el triunfo de la posición de este último, se inició la tendencia de que los tribunales judiciales no intervinieran en las controversias de carácter político-electoral. En cuanto a las razones del modelo jurídico, se observa que la tradición jurisdiccional y jurisprudencial del juicio de amparo es totalmente ajena a las particularidades propias de la materia electoral. Ahora bien, además de estas dos razones, deben considerarse que, en general, ni los jueces de Distrito ni los magistrados de Circuito están familiarizados con el Derecho electoral y la jurisprudencia y reglas aplicables al juicio de amparo no se encuentran establecidas de forma que puedan ser aplicables a la materia. Otra razón para estimar que el amparo no debe aplicarse en materia electoral en México es que, al no estar totalmente sincronizados los calendarios electorales de las 32 entidades federativas y la posibilidad de que sean impugnados los actos y resoluciones emitidos por los partidos políticos, tanto nacionales como locales, se presentarían juicios de amparo todo el año y de urgente resolución. Precisado lo anterior, se debe destacar que a pesar que se afirma la inconveniencia del amparo mexicano en materia electoral, existen los mecanismos expresos para evitar un vacío en la materia de protección de derechos político-electorales, como se expone a continuación: La defensa de los derechos político-electorales en derecho mexicano. En México la responsabilidad de controlar la legalidad de actos electorales no recayó en un órgano judicial autónomo hasta 1991, fecha en que se creó el denominado Tribunal Federal Electoral. Si bien previamente existió el recurso de reclamación ante la SCJN, y se creó el Tribunal de lo Contencioso Electoral, tenían muy acotadas sus facultades. En 1996, se realizó una reforma electoral trascendental al crear un sistema integral de justicia para proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos, efectuar la revisión de los actos de las autoridades electorales, y contar con una resolución definitiva en materia de elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Para lograrlo, se propuso que el Tribunal Electoral se incorporara al Poder Judicial de la Federación, distribuyéndose entre ambos competencias constitucionales y legales. Con ello, se facultó a la SCJN para conocer de la inconstitucionalidad de normas generales respecto de la CPEUM. Por lo que se eliminó la prohibición de que la Corte conociera de la materia electoral. Otro aporte fue que se definió la naturaleza del Tribunal Electoral de la siguiente manera: será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, esta no fue, como creyeron sus impulsores, una reforma definitiva. La trascendencia de los últimos procesos electorales conminó a la realización de diversas reformas constitucionales y legales durante 2014. Entre otras cuestiones, se dividió la tramitación de los PES, estableciendo una diarquía en su conocimiento, esto es, la integración del expediente está a cargo del INE y su resolución corresponde a la Sala Regional Especializada (SRE) pudiendo ser impugnada su sentencia ante la Sala Superior del Tribunal Electoral por vía del nuevo Recurso de Revisión del Procedimiento Especial Sancionador. La participación de la Sala Especializada, en su carácter de autoridad jurisdiccional en la resolución de los PES, sin duda es un gran avance dentro del sistema sancionador electoral, porque garantiza su resolución por vía de los esfuerzos y análisis de personal formado con las bases y principios y valores de la carrera judicial electoral, y obligada por la jurisprudencia nacional e interamericana en el nuevo marco de progresividad de los derechos humanos. Concepto y naturaleza de los derechos político-electorales. Retomando la idea de la protección a los derechos políticos, es necesario precisar que éstos son el conjunto de derechos que posibilitan a los ciudadanos hacer efectiva su participación política sobre su sistema de gobierno dentro de una comunidad política. Los derechos políticos universalmente reconocidos en las democracias constitucionales son el derecho de votar (sufragio activo), de ser votado (sufragio pasivo) para acceder a los cargos de elección popular, el derecho de afiliación y de asociación con fines políticos; el derecho de petición, entre otros, cuyo reconocimiento es elemento esencial de todo régimen democrático al permitir que todos los ciudadanos participen en la toma de decisiones colectivas. A partir de la reforma electoral de 1996, que transformó a fondo el sistema político mexicano y creó un sistema integral de medios de impugnación en materia electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se erigió como el órgano garante de los derechos político-electorales, función que realiza fundamentalmente mediante el juicio para la protección de estos derechos, conocido por sus siglas como JDC. El JDC es un mecanismo de control constitucional que resuelve el Tribunal Electoral con la finalidad de restituir a los ciudadanos el goce de sus derechos políticos. Debido a su escasa regulación en la LGSMIME, el Tribunal ha emitido una serie de sentencias relevantes que lo han hecho transitar por caminos vanguardistas dentro del control constitucional mexicano; señalando que toda interpretación o aplicación por una norma jurídica debe ampliar sus alcances jurídicos para potenciar su ejercicio. En este sentido, el JDC es el medio apto para tutelar derechos fundamentales que se encuentran directamente vinculados con el ejercicio de los derechos político-electorales, cuya protección sea indispensable a fin de no hacerlos nugatorios, por ejemplo, los derechos a la información, de reunión, libertad de expresión, de petición, entre otros. Precisado el ámbito interno, debemos hacer una referencia al sistema interamericano. Retos para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entre algunas de las preocupaciones latentes se tiene el exceso en que pueden llegar a incurrir los operadores jurídicos al idealizar la interpretación, efectuar ésta indebidamente tratándose de principios o acudir en demasía a los criterios jurisprudenciales o la moralización; ya que lo anterior podría traer aparejado como resultado el empoderamiento de los jueces, la politización de la justicia o la falta de la seguridad jurídica. Se sugiere que para lograr la efectividad de los objetivos planteados por el legislador se lleve a cabo una serie de medidas preventivas como: La alta responsabilidad judicial, profesional y democrática y la capacitación y mejora constante de los integrantes de los poderes públicos; Conocimientos de precedentes para aplicar el derecho progresivo y una promoción de la cultura eficaz y eficiente de la interpretación constitucional e internacional; La eticidad en la función pública del juez y medidas de autocontrol judicial; La implementación de políticas públicas, la humanización e integración de los poderes públicos con perspectiva de protección sobre el respeto a los derechos humanos; y el fortalecimiento integral de las funciones del Estado. Concluida la exposición de fondo, me permito enunciar las conclusiones de la obra. CONCLUSIONES Un amparo electoral en México resulta inviable, ya que entre otras razones tal noción no es compatible con la tradición jurídica mexicana y, por el contrario, su artificial creación resultaría en un verdadero amparo bizarro o amparoide, al ser una vía de control constitucional totalmente lleno de excepciones y características especiales que lo alejarían de las reglas del arraigado y auténtico amparo mexicano. El modelo de control de la constitucionalidad de los actos electorales en España no resulta en general paradigmático para el caso mexicano, ya que el control constitucional en España inició su funcionamiento apenas en 1979, y en cambio, en México existe un antiguo régimen de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad por vía del juicio de amparo, por lo que la riqueza de la jurisprudencia y principios aplicables al amparo mexicano en general no podrían aplicarse directamente a un supuesto amparo electoral. Dadas las recientes reformas constitucionales en materia de derechos humanos y electoral, de 2011 y 2014 respectivamente, así como los criterios fijados por la SCJN los jueces electorales bajo el nuevo paradigma de derechos humanos, tienen que cumplir con el deber de tutelar efectivamente los derechos político-electorales de los ciudadanos, ya que aquéllos tienen una naturaleza de derechos humanos. Esta salvaguarda no debe atender solamente a una interpretación literal o gramática de la norma constitucional y legal, sino también acudir a una interpretación conforme y auxiliarse de principios constitucionales, así como doctrina, jurisprudencia, tratados internacionales y valoraciones morales, que le permitan al juzgador una expansión en la protección de los derechos político-electorales, acatando el principio pro persona. El juzgador, en atención a los Códigos de Ética, debe actuar siempre tendiendo al perfeccionamiento de sus funciones, de modo que su desempeño sea calificado con excelencia y profesionalismo. El sistema contencioso electoral de México creado en 1996 no requiere una radical reforma, que implique su total refundación. Sin embargo, debe analizarse la posibilidad de realizar algunas modificaciones que impliquen puntuales ajustes a su sistemática: " Despolitización del sistema de selección de magistrados electorales e incorporación efectiva de la materia electoral a la carrera judicial general; " Regulación del acto jurídico electoral y una teoría general de su ineficacia; " Reglamentación del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano cuando el responsable sea un partido político; " Ampliación de la vía de impugnación del juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano a los resultados de las elecciones; y " Formación de un calendario electoral homogéneo o sincronizado. Estas observaciones son sobre todo basadas en los problemas cotidianos que se han podido percibir en poco más de diez años de control constitucional electoral en México.

    fuente : ruidera.uclm.es

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    Santiago 4 month ago
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