fundamento constitucional articulo 4 de la seguridad social en mexico
Santiago
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano. Artículo 4°
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano. Artículo 4°
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Secretaría de Salud | 17 de agosto de 2015
La Nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. La ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos y costumbres recursos y formas específicas de organización social y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. En los juicios y procedimientos en que aquéllos sean parte, se tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas en los términos que establezca la ley.
El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada, sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.Los ascendientes, tutores y custodios, tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.El Estado otorgará facilidades a los particulares para que se coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.
Derecho y salud en México: ¿se cumple el artículo 4° constitucional? – Mundo ITAM
Derecho y salud son palabras hermanas. Para que un país funcione, ambas deben emparejarse en sus leyes fundacionales. El artículo 4º constitucional estipula que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud”, pero en México las grandes palabras no siempre se concretan. Las cifras son demoledoras: en 2012 25.3 millones de personas no…
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Mundo ITAM
SALUD Y DEPORTES
Derecho y salud en México: ¿se cumple el artículo 4° constitucional?
Publicado por MUNDO ITAM el 7 MAYO 2018
Derecho y salud son palabras hermanas. Para que un país funcione, ambas deben emparejarse en sus leyes fundacionales. El artículo 4º constitucional estipula que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud”, pero en México las grandes palabras no siempre se concretan. Las cifras son demoledoras: en 2012 25.3 millones de personas no contaban con acceso a la salud y 47.8 millones están afiliadas al seguro popular.
Si quieres saber más sobre el Programa de Derecho y Salud Pública del ITAM, haz clic en esta imagen.
Para 2017, las cifras no embellecieron el panorama del derecho a la salud en México. En el cuatro trimestre del año pasado, 57 % de la población ocupada de México trabajaba en la informalidad. 30.2 millones de personas sin acceso al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y que en muchos casos dependen de la ayuda del Seguro Popular, cuyo padrón de afiliados ya rebasó los 53 millones de mexicanos.
Aunque su cobertura permite incluso algunas cirugías mayores, la protección dista de ser perfecta y gran parte de la población vive con zozobra la posibilidad de sufrir enfermedades graves o accidentes complicados.
Obesidad y diabetes: ¿pueden los sistemas de salud salvarnos de esta bomba de tiempo?
Es por esto que se necesitan programas que vinculen ambos conceptos, el Programa de Derecho y Salud Pública del ITAM cumple 10 años trabajando en este tema de vital importancia. El 21 de febrero de 2018 se hizo un reflexión colectiva sobre aquel esfuerzo multidisciplinar organizado por el Departamento Académico de Derecho para «la formación de recursos humanos capacitados y la generación de investigación aplicable a uno de los sectores de mayor dinamismo en el país y en el mundo».
La Dra. Sofía Charvel, directora del programa, agradeció el apoyo del ITAM y las instancias invitadas para luego proseguir a un diálogo con cuatro expertos en la materia: el Dr. Mauricio Hernández Ávila, director general del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y presidente de la International Association of Public Health Institutese (IANPHI), el Dr. Eduardo González Pier, Subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud en la Secretaría de Salud, el Dr. Raúl Plascencia Villanueva, expresidente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena.
Dra. Sofía Charvel, coordinadora del programa de Derecho y Salud Pública / Imagen: ITAM
El motor de este programa es el reconocimiento de las inequidades dentro del sector salud, consecuencia palpable de una sociedad desigual. De nuevo, los datos son aplastantes. El coeficiente de Gini mexicano en 2016 fue de 0.434 (donde 0 es perfecta igualdad en ingresos y 1 es perfecta desigualdad en ingresos). Coincidieron los invitados en afirmar que los programas de salud no han tenido un aumento real en los presupuestos públicos. Más aún: este es el primer sexenio (2012-2018) en el cual se estanca la participación de este sector. Algunos medios lo resumen en términos más severos:
En 5 años, el gobierno federal de Enrique Peña Nieto amputó discrecionalmente, contra lo determinado por el Poder Legislativo, 23 mil 80 millones de pesos destinados al rubro de la salud. Todo se instrumentó, entre 2013 y 2017, a través de “modificaciones al presupuesto” ejecutadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Además, para este 2018 sumó un recorte abierto por más de 9 mil 500 millones. El boquete en salud suma 32 mil 583 millones 200 mil pesos. Legisladores y organizaciones civiles denuncian que nunca se justificó el destino final de esos recursos. Mientras, millones de enfermos padecen o mueren en el desamparo. (Contralinea, 21 de marzo de 2018)
En medio de esta mutilación presupuestal, coincidían en otro aspecto los cuatro ponentes: los recortes son recesivos pues es sumamente necesaria la investigación multidisciplinaria entre médicos y economistas. El Programa de Derecho y Salud Pública está reconocido por el CONACYT y su función es otorgar presupuesto para este tipo de investigación.
Derecho y salud: los expertos ante la realidad de México
Hay varios retos en materia de derecho y salud, afirmaron los cuatro panelistas. El sector de la salud tiene un gran dinamismo en el país y en el mundo. Pero en México, las mallas de seguridad son tan desiguales como el reparto del PIB. Aquel que cuenta con empleo formal, obtiene también una protección de salud amplia gracias al IMSS, pero todo cambia cuando la persona se encuentra desempleada (aproximadamente el 3.4% de la población), trabaja en la economía informal (alrededor del 28% de la población económicamente activa) o tienen contratos por honorarios.
Derecho y salud en México: ¿se cumple el artículo 4° constitucional?
Derecho y salud son palabras hermanas. Para que un país funcione, ambas deben emparejarse en sus leyes fundacionales. El artículo 4º constitucional estipula que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud”, pero en México las grandes palabras no siempre se concretan. Las cifras son demoledoras: en 2012 25.3 millones de personas no contaban con acceso a la salud y
Derecho y salud en México: ¿se cumple el artículo 4° constitucional?
Oficina de Comunicación
Lunes 7 de mayo de 2018
19:30h
Derecho y salud son palabras hermanas. Para que un país funcione, ambas deben emparejarse en sus leyes fundacionales. El artículo 4º constitucional estipula que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud”, pero en México las grandes palabras no siempre se concretan. Las cifras son demoledoras: en 2012 25.3 millones de personas no contaban con acceso a la salud y 47.8 millones están afiliadas al seguro popular.
Para 2017, las cifras no embellecieron el panorama del derecho a la salud en México. En el cuarto trimestre del año pasado, 57 % de la población ocupada de México trabajaba en la informalidad. 30.2 millones de personas sin acceso al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y que en muchos casos dependen de la ayuda del Seguro Popular, cuyo padrón de afiliados ya rebasó los 53 millones de mexicanos.
Aunque su cobertura permite incluso algunas cirugías mayores, la protección dista de ser perfecta y gran parte de la población vive con zozobra la posibilidad de sufrir enfermedades graves o accidentes complicados.
Es por esto que se necesitan programas que vinculen ambos conceptos, el Programa de Derecho y Salud Pública del ITAM cumple 10 años trabajando en este tema de vital importancia. El 21 de febrero de 2018 se hizo un reflexión colectiva sobre aquel esfuerzo multidisciplinar organizado por el Departamento Académico de Derecho para «la formación de recursos humanos capacitados y la generación de investigación aplicable a uno de los sectores de mayor dinamismo en el país y en el mundo».
La Dra. Sofía Charvel, directora del programa, agradeció el apoyo del ITAM y las instancias invitadas para luego proseguir a un diálogo con cuatro expertos en la materia: el Dr. Mauricio Hernández Ávila, director general del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y presidente de la International Association of Public Health Institutese (IANPHI), el Dr. Eduardo González Pier, Subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud en la Secretaría de Salud, el Dr. Raúl Plascencia Villanueva, expresidente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena.
El motor de este programa es el reconocimiento de las inequidades dentro del sector salud, consecuencia palpable de una sociedad desigual. De nuevo, los datos son aplastantes. El coeficiente de Gini mexicano en 2016 fue de 0.434 (donde 0 es perfecta igualdad en ingresos y 1 es perfecta desigualdad en ingresos). Coincidieron los invitados en afirmar que los programas de salud no han tenido un aumento real en los presupuestos públicos. Más aún: este es el primer sexenio (2012-2018) en el cual se estanca la participación de este sector. Algunos medios lo resumen en términos más severos:
En 5 años, el gobierno federal de Enrique Peña Nieto amputó discrecionalmente, contra lo determinado por el Poder Legislativo, 23 mil 80 millones de pesos destinados al rubro de la salud. Todo se instrumentó, entre 2013 y 2017, a través de “modificaciones al presupuesto” ejecutadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Además, para este 2018 sumó un recorte abierto por más de 9 mil 500 millones. El boquete en salud suma 32 mil 583 millones 200 mil pesos. Legisladores y organizaciones civiles denuncian que nunca se justificó el destino final de esos recursos. Mientras, millones de enfermos padecen o mueren en el desamparo. (Contralinea, 21 de marzo de 2018)
En medio de esta mutilación presupuestal, coincidían en otro aspecto los cuatro ponentes: los recortes son recesivos pues es sumamente necesaria la investigación multidisciplinaria entre médicos y economistas. El Programa de Derecho y Salud Pública está reconocido por el CONACYT y su función es otorgar presupuesto para este tipo de investigación.
Derecho y salud: los expertos ante la realidad de México
Hay varios retos en materia de derecho y salud, afirmaron los cuatro panelistas. El sector de la salud tiene un gran dinamismo en el país y en el mundo. Pero en México, las mallas de seguridad son tan desiguales como el reparto del PIB. Aquel que cuenta con empleo formal, obtiene también una protección de salud amplia gracias al IMSS, pero todo cambia cuando la persona se encuentra desempleada (aproximadamente el 3.4% de la población), trabaja en la economía informal (alrededor del 28% de la población económicamente activa) o tienen contratos por honorarios.
Para esta inmensa porción de ciudadanos, que no son derechohabientes de cualquier institución pública, se creó el Seguro Popular. Pero esta red no tiene la universalidad debida. Su cobertura es bastante estrecha y varios son los problemas que sufren sus afiliados.En el diálogo con los diferentes expertos de derecho y salud se abordó el tema de los mexicanos menos favorecidos. El presupuesto, limitado o no, existe, mas no siempre llega a donde debería llegar. Se propuso un nuevo régimen de rendición de cuentas para que se pueda invertir allá donde sea necesario y no se malgasten los recursos públicos, pero el problema no es solo el desperdicio de los recursos, sino la calidad de la atención que poco a poco se degrada.
Chicos, ¿alguien sabe la respuesta?