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    es un orden basado en la división sexual y en un conjunto de acciones y relaciones estructuradas de acuerdo con el poder; en este sistema, el grupo de mujeres se encuentra subordinado al de los hombres, en tanto son percibidas como desiguales e incluso inferiores

    Santiago

    Chicos, ¿alguien sabe la respuesta?

    obtenga es un orden basado en la división sexual y en un conjunto de acciones y relaciones estructuradas de acuerdo con el poder; en este sistema, el grupo de mujeres se encuentra subordinado al de los hombres, en tanto son percibidas como desiguales e incluso inferiores de este sitio.

    Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas

    ACCESO A LA JUSTICIA PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA

    EN LAS AMÉRICAS

      I.          INTRODUCCIÓN

    A.       Obstáculos que las mujeres enfrentan al procurar remediar actos de violencia: diagnóstico de la situación actual

    1.         La CIDH observa que el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación, ha sido consagrado y establecido como un desafío prioritario en los sistemas de protección de los derechos humanos a nivel regional e internacional.  La promulgación de instrumentos internacionales de derechos humanos que protegen el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, refleja un consenso y reconocimiento por parte de los Estados sobre el trato discriminatorio tradicionalmente recibido por las mujeres en sus sociedades.  El hecho de que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (en adelante "Convención de Belém do Pará") sea el instrumento más ratificado del sistema interamericano[1], y que la mayoría de los Estados americanos hayan ratificado la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (en adelante "CEDAW") y su protocolo facultativo, refleja el consenso regional de que la violencia contra las mujeres es un problema público y prevalente, meritorio de acciones estatales para lograr su prevención, investigación, sanción y reparación.

    2.         El precedente jurídico del sistema interamericano afirma que un acceso y a garantías y protecciones judiciales, es indispensable para la erradicación del problema de la violencia contra las mujeres, y por lo tanto, para que los Estados cumplan de manera efectiva con las obligaciones internacionales que han contraído libremente de actuar con la debida diligencia frente a este grave problema de derechos humanos.  Sin embargo, la labor de la CIDH y de la Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres (en adelante la "Relatoría" o "Relatoría sobre derechos de las mujeres") revela que las mujeres víctimas de violencia frecuentemente no obtienen un acceso a recursos judiciales idóneos y efectivos al denunciar los hechos sufridos, permaneciendo la gran mayoría de estos incidentes en impunidad, y por consiguiente quedando sus derechos desprotegidos.  La CIDH observa que la gran mayoría de los casos de violencia contra las mujeres se encuentran marcados por la impunidad, lo cual alimenta la perpetuidad de esta grave violación a los derechos humanos.

    3.         Por esta razón, la CIDH ha elaborado este informe, en el cual se presenta un diagnóstico de los principales obstáculos que las mujeres enfrentan cuando procuran acceder a recursos judiciales revestidos de adecuadas garantías, y formula conclusiones y recomendaciones para que los Estados actúen con la debida diligencia con el objeto de ofrecer una respuesta judicial efectiva ante incidentes de violencia contra las mujeres.  El análisis de este informe incluye información remitida a la CIDH por una diversidad de sectores que incluye la administración de la justicia, funcionarios y representantes del gobierno, la sociedad civil, el sector académico y mujeres de diferentes razas, etnias, y condiciones socioeconómicas, como parte de un proceso de investigación emprendido durante los últimos dos años por la Relatoría, con el apoyo financiero del Gobierno de Finlandia[2].

    4.         Como parte de la elaboración de este informe, la CIDH circuló un cuestionario a los Estados Miembros de la OEA, a expertas y expertos de la sociedad civil, a organismos internacionales y al sector académico.  Dicho cuestionario fue contestado por un total de 23 Estados Miembros de la OEA, el número de respuestas más alto obtenido en la historia de la CIDH a un cuestionario.  El cuestionario fue contestado asimismo por una diversidad de expertas y expertos de la región que trabajan en el sector de la administración de la justicia, organizaciones internacionales y entidades de la sociedad civil.  Igualmente se organizaron cinco reuniones de expertas y expertos en Washington, D.C. (19-20 de abril de 2005), Perú (1-2 de agosto de 2005), Costa Rica (11-12 de agosto de 2005), Argentina (12-13 de septiembre de 2005) y Jamaica (29-30 de septiembre de 2005)[3], de alcance regional y subregional, que contaron con la participación de más de 130 expertas y expertos, representantes de los sectores del gobierno, la administración de la justicia, la sociedad civil, organismos internacionales y el sector académico.  La información recopilada durante la implementación del proyecto ha sido complementada con la labor del sistema interamericano, que comprende jurisprudencia, audiencias temáticas celebradas en la sede[4], informes temáticos, capítulos de país sobre mujeres, y visitas organizadas tanto por la CIDH como por la Relatoría.

    5.         El presente informe define el concepto de "acceso a la justicia" como el acceso y a instancias y recursos judiciales de protección frente a actos de violencia, de conformidad con los parámetros internacionales de derechos humanos.  La CIDH ha establecido que un acceso adecuado a la justicia no se circunscribe sólo a la existencia formal de recursos judiciales, sino también a que éstos sean idóneos para investigar, sancionar y reparar las violaciones denunciadas.  Como se analizará más adelante, una respuesta judicial efectiva frente a actos de violencia contra las mujeres comprende la obligación de hacer accesibles recursos judiciales sencillos, rápidos, idóneos e imparciales de manera no discriminatoria, para investigar, sancionar y reparar estos actos, y prevenir de esta manera la impunidad.

    fuente : www.cidh.oas.org

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    Santiago 7 day ago
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