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    en este tipo de democracia, se presentan casos de corrupción o problemas en el funcionamiento del gobierno y las normas jurídicas existentes no son suficientes para eliminar fenómenos como la pobreza, la violencia y la corrupción.

    Santiago

    Chicos, ¿alguien sabe la respuesta?

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    Participación ciudadana para el combate a la corrupción. Un análisis del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción

    La participación ciudadana es un componente vital para el funcionamiento de la democracia ya que funge como un mecanismo que vincula a los individuos con el ...

    Participación ciudadana para el combate a la corrupción. Un análisis del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción

    Citizenship participation to combat corruption. An Analysis of the Citizenship Participation Committee of the National Anticorruption System For citizen participation in the fight against corruption

    Jason Alexis Camacho Pérez * [email protected]

    UNAM, México

    Participación ciudadana para el combate a la corrupción. Un análisis del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción

    Buen Gobierno, núm. 28, pp. 140-163, 2020

    Fundación Mexicana de Estudios Políticos y Administrativos A.C.

    Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional.

    Recepción: 22/09/19

    Aprobación: 15/11/19

    DOI: https://doi.org/10.35247/buengob_28_06

    Resumen:

    La participación ciudadana es un componente vital para el funcionamiento de la democracia ya que funge como un mecanismo que vincula a los individuos con el rumbo y desarrollo de la sociedad y el gobierno. En el caso del combate a la corrupción en México, se ha convertido en un componente fundamental de la Política Nacional Anticorrupción, ya que no solo brinda la oportunidad de incluir el punto de vista de la ciudadanía en un entramado complejo de coordinación como es el caso del Sistema Nacional Anticorrupción, también representa una oportunidad para incorporar a los ciudadanos en un esquema deliberativo que pueda reformar a las instituciones de gobierno en incidir en la modificación de actos de corrupción por parte de los funcionarios públicos.

    Palabras clave:

    Participación Ciudadana, Corrupción, Coordinación, Políticas Públicas, Deliberación.

    Abstract:

    Citizen participation is a vital component for the functioning of democracy since it serves as a mechanism that links individuals with the direction and development of society and government. In the case of the fight against corruption in Mexico, it has become a fundamental component of the National Anticorruption Policy, since it not only provides the opportunity to include the point of view of the citizenry in a complex coordination framework, as is the case of the National Anticorruption System, also represents an opportunity to incorporate citizens into a deliberative scheme that can reform government institutions to influence the modification of acts of corruption by public officials.

    Keywords:

    Citizen Participation, Corruption, Coordination, Public Policies, Deliberation.

    INTRODUCCIÓN

    La participación ciudadana es un componente vital para el funcionamiento de la democracia ya que funge como un mecanismo que vincula a los ciudadanos organizados con el rumbo y desarrollo de la sociedad y el gobierno. Su incidencia en los asuntos públicos y su capacidad para la transformación del quehacer gubernamental se enmarca en un contexto en el que los ciudadanos son un referente para ubicar en donde existen errores de gestión y qué áreas de mejora se pueden explotar para el funcionamiento pleno del Estado.

    En este mismo orden de ideas, la participación ciudadana está situada en el desenvolvimiento de la gobernanza, la cual genera un entorno de viabilidad para el involucramiento de distintos actores en la solución de problemas públicos y en la toma de decisiones que tienen repercusión en las instituciones y sus políticas públicas. Tal es el caso de la corrupción, la cual actualmente es un foco de atención para los distintos poderes y órdenes de gobierno en México ya que se ha convertido en uno de los problemas públicos más difíciles de explicar y de atender debido al nivel de complejidad que implica este comportamiento a lo largo de la sociedad y de las estructuras gubernamentales.

    Siguiendo esta línea, este texto tiene el objetivo de analizar el papel de la participación ciudadana como un insumo para el combate a la corrupción, en específico a través de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (en adelante SNA) el cual se gestó el 27 de mayo de 2015 en el marco de la reforma constitucional al artículo 113 que dio paso a la construcción de este Sistema como un mecanismo de coordinación que se encargará de definir políticas de combate a la corrupción. De esta instancia, cabe destacar la integración de un Comité de Participación Ciudadana (en adelante CPC) que prioriza el papel de los ciudadanos como actores externos al gobierno que pueden incidir en la puesta en marcha de la política nacional anticorrupción. Para hacerlo, se plantean las siguientes preguntas: ¿Cuál es el tipo de participación ciudadana que ejerce el CPC dentro del SNA? ¿Cuál es el alcance de la participación ciudadana dentro del SNA considerando las facultades que tiene el CPC? ¿El hecho de que exista un componente ciudadano en el SNA puede ayudar a disminuir la corrupción?

    Para responder a estas preguntas este texto se compone de cuatro apartados. En el primero se describirá el problema de la corrupción en México y sus impactos en aspectos sociales y económicos. En el segundo, se analizará el concepto de participación ciudadana y algunos de los mecanismos institucionales existentes que reconocen el papel de la participación ciudadana en las actividades del gobierno. El tercero, analizará la creación y el papel del CPC del SNA como un caso que vincula la incidencia de la participación en el combate a la corrupción y por último se hará una reflexión a manera de conclusión del tema estudiado.

    fuente : www.redalyc.org

    Corrupción y desigualdad social: sendas de la antidemocracia

    El artículo describe las relaciones ambiguas entre el poder económico y el Estado, y analiza cómo el discurso anticorrupción puede ser usado para ocultar prácticas de corrupción política, que seguirán impunes en perpetuación de un sistema corrompido. Además, relaciona la desigualdad social a la corrupción por el poder económico, desde un punto de vista crítico, mostrando que la corrupción no impide el crecimiento económico, pero sí profundiza la desigualdad social, capturando las personas en un círculo vicioso que genera la pérdida de la cultura de lo común, lo colectivo, lo público, comprometiendo de esta manera a las democracias liberales.

    El artículo describe las relaciones ambiguas entre el poder económico y el Estado, y analiza cómo el discurso anticorrupción puede ser usado para ocultar prácticas de corrupción política, que seguirán impunes en perpetuación de un sistema corrompido. Además, relaciona la desigualdad social a la corrupción por el poder económico, desde un punto de vista crítico, mostrando que la corrupción no impide el crecimiento económico, pero sí profundiza la desigualdad social, capturando las personas en un círculo vicioso que genera la pérdida de la cultura de lo común, lo colectivo, lo público, comprometiendo de esta manera a las democracias liberales.

    Contents

    1. Introducción: a modo de definición

    2. Corrupción y Democracia

    3. Corrupción y desigualdad social

    4. La “estrategia del caracol” o el privilegio de la impunidad

    5. Conclusiones Full text

    “Defiendo el control del capital y la superación del capitalismo. Sólo así nos proyectaremos en el siglo XXI.”1

    Fuente: Pimberton-Piketty (2020), Le capital au XXIe siècle

    1. Introducción: a modo de definición

    En las últimas décadas se habla constantemente de corrupción hasta convertir este término en una referencia permanente del imaginario social y del debate político que, en ocasiones, llega a ser bastante inquietante. No es algo nuevo, pero ahora parece que se presenta como un mal endémico de la democracia liberal y de su estructuración en partidos políticos tradicionales. Por ello, la lucha contra la corrupción se ha convertido en muchos países en el eje central de la disputa política y/o electoral e, incluso, en el leitmotiv de las nuevas estrategias de lawfare o guerra jurídica (Fariñas Dulce, 2018), como antes lo fue la lucha contra el narcotráfico o contra el terrorismo.

    En este sentido, Boito Júnior (2017: 9-10) presenta la corrupción como una ideología, rectius una creación ideológica del estado capitalista. Al final, ¿quiénes definen lo que es público y lo que es privado?2 En el régimen capitalista, el capital tiene el poder económico para convertir lo público en privado, como también para pervertir lo público, lo que verdaderamente se puede llamar corrupción. Sin embargo, el Banco Mundial hasta hoy preconiza un concepto ideológico de corrupción, como “el abuso de un cargo público para obtener beneficios privados” que, según la entidad, “abarca una amplia gama de comportamientos que van desde el soborno hasta el hurto de fondos públicos”3. Pero, esta definición pasa de largo al entender la corrupción como un hecho originado desde el poder económico. Por eso, es importante superar el abordaje de la corrupción desde lo público y hacerlo desde su génesis, en lo privado, esto es, en un poder económico corruptor.

    El lawfare, que se desarrolla en la disputa política y/o electoral de muchos países, es solventado desde la financiación privada que defiende los intereses de los que, se pretende, sean vencedores. Este mecanismo perverso opera mediante la aniquilación del ex adverso, categorizándolo como enemigo y corrupto. El discurso ideológico de la corrupción esconde la corrupción política que pone en riesgo a las democracias, como será explicado más adelante.

    Ahora bien y desde una perspectiva heurística, dejando de lado ahora los debates políticos, económicos, sociales e, incluso, jurídicos, necesitamos abordar una posible definición de lo que sea la corrupción. Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (RAE), la corrupción en su cuarta acepción es definida de la siguiente manera: “En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores”4. Sin embargo, el concepto sigue con el vicio original, ocultando el poder económico corrompedor. Podemos buscar también definiciones más amplias en el ámbito cultural, en el económico y en el de la Ciencia Política. Es clásica la referencia a Dobel, quien definió hace ya algunos años la corrupción como “la incapacidad moral de los ciudadanos de formar compromisos moralmente desinteresados hacia acciones, símbolos e instituciones que benefician al bienestar colectivo" (Dobel, 1978: 958).

    Aquí aparece una indicación que vamos a seguir en el desarrollo de este artículo, que es la referencia a la falta de adhesión y de compromiso moral de los ciudadanos y ciudadanas con la defensa del interés general o de los bienes colectivos.5 Este tipo de adhesión se hace imprescindible para fortalecer el enganche legitimador de las personas con sus instituciones democráticas. Dicha carencia, a su vez, tiene como punto de arranque una estructura social basada en un acceso jerarquizado a los bienes materiales e inmateriales, que perpetua la desigualdad socio económica, de clase, de estatus y de etnia, premiando al que triunfa sea cual sea el medio utilizado para ello. Otra indicación a ser adoptada para seguir el texto, es la concepción propuesta por Boito Júnior, de que “la corrupción es apenas uno de los aspectos y también uno de los síntomas de la separación meramente formal entre lo público y lo privado establecida por el Estado capitalista” (2017: 18)

    Mascaro, señala con claridad, que la decisión de cuántos y cuáles capitales, capitalistas, actos y negocios jurídicos serán acusados y combatidos como corruptos se da en el campo de las relaciones concretas de fuerza económica, política, ideológica y cultural, con luces y sombras lanzadas por hechos, noticias, reacciones sociales, decisiones jurídicas que sensibilizan de manera variada la percepción de las corrupciones y de su combate (2018: 132).

    fuente : www.unilim.fr

    La pobreza y la desigualdad fragilizan la democracia

    En conferencia en la CEPAL, José Miguel Insulza recalcó que las reformas tributarias y laborales no han sido suficientes para mejorar la distribución de la riqueza en la región.

    La pobreza y la desigualdad fragilizan la democracia

    Disponible en ENGLISH ESPAÑOL

    30 DE MARZO DE 2010|COMUNICADO DE PRENSA

    En conferencia en la CEPAL, José Miguel Insulza recalcó que las reformas tributarias y laborales no han sido suficientes para mejorar la distribución de la riqueza en la región.

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    (30 de marzo, 2010) La pobreza y la inequidad repercuten en la calidad de la democracia e impiden su pleno ejercicio en la región, afirmó el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, al ofrecer una conferencia esta mañana en la CEPAL.

    En su presentación, titulada "El Fortalecimiento de la Democracia en el Sistema Interamericano", Insulza delineó lo que considera las principales fortalezas y debilidades de la democracia en las Américas y el papel que ha cumplido y puede cumplir la OEA en su consolidación.

    Insulza fue recibido por la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena. En su bienvenida, Bárcena señaló que "un orden democrático en que la orientación del desarrollo plasme la voluntad de la mayoría y haga posible la concurrencia de todos los actores, también responde al valor de la igualdad".

    "Igualdad social, dinamismo económico y democracia no están reñidos entre sí, y el gran desafío es encontrar las sinergias entre ellos. Hay que crecer para igualar e igualar para crecer. En el horizonte estratégico de largo plazo, igualdad, crecimiento económico y sostenibilidad ambiental tienen que ir de la mano", afirmó Bárcena.

    Insulza coincidió en que a pesar de que casi todos los actuales gobiernos en América Latina han sido electos por votación popular, la democracia en la región se ve socavada por la desigualdad.

    "Que más de un tercio de los habitantes de la región siga viviendo en condición de pobreza no corresponde a un continente con nuestro nivel de desarrollo. Que el 3% a 5% de la población se lleve más del 50% del ingreso nacional no se compadece con el discurso democrático", afirmó Insulza.

    Aunque la Carta Democrática Interamericana de la OEA suscrita por todos los Estados miembros afirma que la democracia y el desarrollo económico y social "son interdependientes y se refuerzan mutuamente", según Insulza, no ha existido voluntad política para hacer interdependientes el desarrollo, la equidad y la democracia, entregando los beneficios del progreso a todos por igual.

    "Ni los sistemas tributarios ni las normas laborales han sido reformados suficientemente de manera de propender a una mejor distribución de la riqueza... La paradoja es que, mientras más se desarrolla la democracia política, se van delineando en el plano económico-social sociedades segmentadas y desiguales," agregó Insulza.

    Otros riesgos que enfrentan las democracias de la región expuestos por Insulza son la tentación de reformar leyes e instituciones para servir objetivos políticos o electorales, las distintas amenazas a la libertad de expresión (represión legal, violencia física, concentración de propiedad de los medios), la débil separación de los poderes del Estado, particularmente entre el Ejecutivo y el Judicial, y la corrupción y la relación entre dinero y política.

    Ver también:Palabras de Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPALConferencia de José Miguel Insulza, Secretario General de la OEA

    Para consultas, contactar a los Servicios de Información de la CEPAL. Correo electrónico: [email protected] ; teléfono: (56 2) 210 2040/2149.

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    Santiago 11 day ago
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