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    cual fue la causa del conflicto territorial entre los municipios de chenalhó y chalchihuitán

    Santiago

    Chicos, ¿alguien sabe la respuesta?

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    Chenalhó y Chalchihuitán, conflicto territorial que cumple 50 años sin resolverse

    *La investigación a cargo de Carolina Pecker Madeo, señala que, ambos municipios, comenzaron a entrar en conflicto en 1970; posteriormente, el decreto de la Ley Federal de la Reforma Agraria intensificó la situación debido a los habitantes de Chalchihuitán, no respetaron los acuerdos de territorios limítrofes. La Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos (CMDPDH) informó que hasta el 2018, en la entidad se registraron 5,035 desplazamientos forzados, siendo Chiapas el segundo estado de la república mexicana con el mayor índice de ellos, tan solo detrás de Guerrero. La CMDPDH, sostiene que el desplazamiento interno forzado es […]

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    Chenalhó y Chalchihuitán, conflicto territorial que cumple 50 años sin resolverse

    Por Adriana Santos 21 agosto, 2020

    Hoy en día, continúan los conflictos armados en los municipios. Cortesía: Radio Zapatista.

    *La investigación a cargo de Carolina Pecker Madeo, señala que, ambos municipios, comenzaron a entrar en conflicto en 1970; posteriormente, el decreto de la Ley Federal de la Reforma Agraria intensificó la situación debido a los habitantes de Chalchihuitán, no respetaron los acuerdos de territorios limítrofes.

    La Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos (CMDPDH) informó que hasta el 2018, en la entidad se registraron 5,035 desplazamientos forzados, siendo Chiapas el segundo estado de la república mexicana con el mayor índice de ellos, tan solo detrás de Guerrero.

    La CMDPDH, sostiene que el desplazamiento interno forzado es una violación a los derechos humanos. Se presenta cuando personas o grupos de personas huyen de su hogar o lugar de residencia habitual hacia otra colonia de su mismo municipio, hacia otro municipio de su estado o hacia otro estado del país para evitar o después de haber sido víctimas de una situación de violencia generalizada, de un conflicto armado, de violaciones a los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano.

    Además de ser considerada una violación autónoma de derechos humanos, el desplazamiento interno forzado representa una violación compleja, debido a la vulneración agravada a múltiples derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales u otros derechos humanos.

    De igual forma, se trata de una violación continua y sostenida, cuya condición de vulnerabilidad de quienes lo sufren perdura hasta que logran una solución duradera, es decir, un retorno o reasentamiento asistido y en condiciones dignas y seguras.

    Es por ello que, Carolina Pecker Madeo, investigadora del Instituto de Ciencias Antropológicas (ICA) de la Universidad de Buenos Aires, Argentina; elaboró una investigación acerca del desplazamiento de noviembre de 2017, en el que participaron cerca de 5,000 indígenas tsotsiles, pobladores de los municipios de Chenalhó y Chalchihuitán.

    De acuerdo con la investigadora, el 13 de noviembre de 2017, el sonido de una balacera irrumpió en las montañas de los Altos de Chiapas. Por ello, miles de personas abandonaron sus hogares buscando resguardo. Algunas decidieron mantenerse juntas o reagruparse e improvisar refugios cercanos a sus comunidades, esperando con ansias que la violencia terminara. Más de 5,000 personas fueron afectadas en este desplazamiento forzado, un fenómeno, que Pecker Madeo señala como recurrente y vigente en México y, sobre todo, en el estado.

    “Si bien los desplazamientos en la región han estado en su mayoría vinculados a conflictos político-religiosos desde la década de 1970 – movilizando a cerca de 30.000 personas, en su mayoría indígenas tsotsiles provenientes del municipio de San Juan Chamula– y al conflicto armado interno desatado en enero de 1994 a partir del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y las ofensivas militares y paramilitares–por el cual se estima que se han desplazado entre 50.000 y 84.0000 personas–» señala.

    La investigación indica que, los antecedentes de este conflicto se remontan a la década de 1970, cuando, en el contexto de la Ley Federal de la Reforma Agraria (1971), los municipios de Chenalhó y Chalchihuitán buscaron el reconocimiento y la titulación de sus tierras comunales por parte del sistema jurídico dominante.

    “Con esta ley se reglamentaban las disposiciones agrarias del artículo 27 constitucional (antes de su reforma de 1992), incluyendo aquellas tendientes al Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales que las comunidades indígenas poseían desde tiempo inmemorial” añade la investigadora del ICA.

    Es así como, las propiedades sobre los bienes comunales de Chenalhó y Chalchihuitán fueron, entonces, reconocidas por la Secretaría de Reforma Agraria e inscriptas en el Registro Público de la Propiedad y en el Registro Agrario Nacional. Mediante la resolución presidencial de Reconocimiento de Tierras de Bienes Comunales, publicada en Diario Oficial de la Federación (DOF) el día 29 de agosto de 1975.

    Pecker Madeo añade que, en la ejecutoria se reconocieron 17.696 hectáreas y luego, en 1981, se agregaron 252 hectáreas. Mientras que la resolución presidencial de Chenalhó del 6 de octubre del mismo año reconoce y titula un total de 15.625 hectáreas. La misma se ejecutó en el año de 1976 con 14.438 hectáreas.

    Entre los grupos de indígenas desplazados, se encuentran los niños, por lo que han tenido que esconderse en las montañas para salvaguardar su integridad. Cortesía: Desinformémonos.

    “Si bien se supone que ambas comunidades comprobaron fehacientemente estar en posesión de sus terrenos en forma pacífica, pública y continua desde tiempo inmemorial, paradójicamente, este mismo proceso de inscripción formal de sus propiedades va a marcar el comienzo de las disputas agrarias públicas y oficiales entre los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó” destaca.

    fuente : www.chiapasparalelo.com

    Para entender el conflicto en Chalchihuitán y Chenalhó

    REPORTAJE: “OJARASCA” La Jornada Desplazados de Chalchihuitán y paramilitares en escena Dolores Camacho Velázquez y Arturo Lomelí González “NO VAMOS A REGRESAR PORQUE AYER HUBO DISPAROS, HAY MUCHO RIESGO, AQUÍ ESTAMOS MAL PERO DORMIMOS; ALLÁ LOS QUE ESTÁN REGRESANDO NO DORMIRÁN PORQUE HAY QUE CUIDAR LA CASA EN LA NOCHE, LOS HOMBRES TIENEn QUE RESGUARDAR” San Cristóbal de Las Casas, Chiapas Horrorizados, hace más de 20 años, fuimos testigos de acciones paramilitares en Chiapas. Anteriormente era un término lejano, aplicado para problemas internos en otros países. Con el levantamiento zapatista de 1994 aparecieron aquí en nuestro territorio, y como dijimosLeer más...

    Para entender el conflicto en Chalchihuitán y Chenalhó

    Publicado en 3 febrero, 2018 por Caritas San Cristóbal de Las Casas Publicado en Emergencia, Necesitamos tu ayuda

    REPORTAJE:

    “OJARASCA” La Jornada

    Desplazados de Chalchihuitán y paramilitares en escena

    Dolores Camacho Velázquez y Arturo Lomelí González

    “NO VAMOS A REGRESAR PORQUE AYER HUBO DISPAROS, HAY MUCHO RIESGO, AQUÍ ESTAMOS MAL PERO DORMIMOS; ALLÁ LOS QUE ESTÁN REGRESANDO NO DORMIRÁN PORQUE HAY QUE CUIDAR LA CASA EN LA NOCHE, LOS HOMBRES TIENEn QUE RESGUARDAR”óbal de Las Casas, ChiapasHorrorizados, hace más de 20 años, fuimos testigos de acciones paramilitares en Chiapas. Anteriormente era un término lejano, aplicado para problemas internos en otros países. Con el levantamiento zapatista de 1994 aparecieron aquí en nuestro territorio, y como dijimos en este mismo medio en diversos escritos, las consecuencias del uso de esa estrategia como contención al zapatismo sólo traería mayor pobreza, violencia y rompimiento del tejido social comunitario, fundamental en estos territorios.

    Las consecuencias están a la vista, los grupos armados se acostumbraron a recibir el pago por sus servicios, así que presionaron para que los pocos encarcelados acusados por sus delitos salieran libres poco a poco. Los asesinos de Acteal son la versión más cínica, pero en el caso de Paz y Justicia en la Zona Norte sucedió lo mismo. Luego presionan estos grupos para recibir programas sociales, para que los conflictos internos se resuelvan a su favor o para negociar con los partidos políticos. Quedó una cultura de la organización armada para amedrentar a los adversarios y al propio gobierno.

    En 1997, año de la matanza de Acteal, hablábamos de “los cardenistas y priístas”, ahora son los “verdes”, en algunos casos junto con los priístas, igual encontramos a perredistas acusados de ejercer la misma violencia para imponer su voluntad y para exigir recursos.

    En 2012 llega al gobierno Manuel Velasco Coello, un joven político heredero de un apellido de renombre en Chiapas, quien afiliado al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) dirigió su camino hacia la gubernatura del estado; durante años estuvo en los medios locales para posicionarse como la promesa juvenil que haría el cambio. Se alió al PRI para ganar unas elecciones donde hubo mayor la participación electoral, y donde un candidato ganaba por una diferencia significativa de votos a su favor, más del 67 por ciento. Además de las acusaciones de fraude, para lograr el cargo tuvo que establecer compromisos y acuerdos con todo tipo de grupos políticos y sociales sin importar ideologías.

    Muchos de éstos le cobraron muy pronto el apoyo y exigieron les fueran cumplidas las promesas, por lo que Chiapas se volvió un estado ingobernable, con constantes tomas de carreteras que impiden el libre tránsito, grupos que se mueven y tomas de instalaciones gubernamentales de forma violenta como ha ocurrido constantemente en la Torre Chiapas de Tuxtla Gutiérrez, retención de funcionarios públicos, presidencias municipales quemadas, todo tipo de presión sin respuesta institucional.

    En ese marco se dieron las elecciones locales en 2015. Los conflictos pre y postelectorales fueron de graves consecuencias: pueblos divididos, acusaciones entre unos y otros de delitos electorales, intervención de las dependencias de gobierno a favor del Partido Verde. Los municipios de Chenalhó y Oxchuc son prototipo de estos desacuerdos. A casi tres años aún no se resuelven y, lo peor, dejaron en entredicho a las instituciones tanto electorales como de procuración de justicia. María Gloria Sánchez Gómez fue elegida presidenta municipal de Oxchuc por el PVEM; ya había sido presidenta durante 2005-2007 por el PRI, por ello a pesar de haber ganado las elecciones la gente manifestó inconformidad, no la dejan ejercer el cargo, mediante actos de violencia un grupo opositor la exilia de Oxchuc, ella responde con igual violencia y se genera un panorama de difícil solución. En su exilio en San Cristóbal recurre a las instancias legales, que fallan a su favor, por lo que legalmente debe retomar el cargo. No fue posible por la presión ejercida por el grupo contario, así que hay un gobierno legal en el exilio y un grupo que en la cabecera municipal ejerce funciones de gobierno con un pueblo en zozobra constante.

    En Chenalhó, Rosa Pérez Pérez por cuota de género es candidata del PVEM a la presidencia municipal. Gana las elecciones pero un grupo se inconforma, después de múltiples manifestaciones la saca violentamente de sus funciones y se posiciona en el palacio municipal. Grupos de simpatizantes de uno y otro lado se enfrentan, dejando además de heridos y muertos una importante cantidad de desplazados que hasta la fecha permanecen en San Cristóbal, por el temor a volver y ser recibidos a tiros. Ese conflicto interno reveló la cantidad de armas que hay en el municipio.

    El conflicto con Chenalhó Este municipio es identificado como violento, en especial por los hechos ocurridos en 1997, con la matanza de Acteal, y la permanente incapacidad del gobierno para desactivar a los grupos armados. A mediados de 2016 fue el mayor repunte de esa violencia con los mencionados enfrentamientos. Rosa Pérez retoma la vía institucional y consigue sentencia a su favor del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y es restituida en el cargo en marzo de 2017. Aparentemente todo volvía a la normalidad, hasta que en octubre fue asesinado Samuel Luna Girón de Kanalumtik. Los pobladores del paraje denunciaron a los paramilitares de Chenalhó, bajo el mando de Rosa Pérez, protegida del gobernador Manuel Velasco quien unos días antes había estado en visita en Majumpepentic, Chenalhó, en la franja en disputa. El impacto mediático del asesinato fue menor a la visita del gobernador. Posteriormente se empezaron a difundir imágenes de casas quemadas y abandonadas de Chalchihuitán en las áreas colindantes con Chenalhó. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas denunció la grave situación que estaban viviendo los desplazados, que fueron corridos a tiros de sus casas y huyeron a las montañas.

    fuente : www.caritasancristobal.org

    Chachihuitán y Chenalhó, historia y perspectiva del conflicto – Serapaz A.C.

    Aquí el programa en Rompeviento Chalchihuitán y Chenalhó son comunidades de Los Altos de Chiapas que históricamente han tenido mucha relación y que desde 1976 están sumidos en un conflicto…

    16 Ene 2018

    Chachihuitán y Chenalhó, historia y perspectiva del conflicto

    Aquí el programa en Rompeviento

    Chalchihuitán y Chenalhó son comunidades de Los Altos de Chiapas que históricamente han tenido mucha relación y que desde 1976 están sumidos en un conflicto territorial con graves implicaciones sociales y culturales. El conflicto se ha agravado, a tal punto que el 18 de octubre de 2017 un grupo armado (paramilitar) de Chenalhó desplazó violentamente a más de 5000 mil personas de Chalchihuitán quienes buscaron refugio en la montaña.

    Al conflicto territorial se le han sumado nuevas problemáticas, una de ellas es cuando el Gobierno Federal Priista convierte sus bases en Chiapas en bases del Partido Verde, como una forma de agradecimiento por la alianza partidista que permitió que se lograra la presidencia en 2012. La transición no funcionó porque no fue construida, fue una violación a los usos y costumbres y porque más allá del partido, quienes gobiernan son las comunidades, así que se ha generado en los dos últimos años problemas de orden electoral.

    Otro problema que suma al conflicto territorial es que en los Altos de Chiapas existen grupos armados paramilitares que por medio de la fuerza presionan para lograr demandas u objetivos. Estos grupos no son nuevos, Chenalhó es el mismo municipio donde hace 20 años sucedió la masacre de Acteal, que continúa impune y que esa impunidad permite que el conflicto armado no esté resuelto y que los grupos armados sigan operando, como es el caso de Chenalhó y sus autoridades que usan a los paramilitares en la disputa territorial complicando aún más el conflicto entre las comunidades.

    Otro factor es el espacio geográfico, Chiapas al ser frontera sur de México y ser zona de paso, recibe personas migrantes y se enfrenta a dinámicas e intereses del crimen organizado.

    A los factores anteriores, se suma la espera por la resolución del Tribunal Agrario que intervino a solicitud de ambos grupos. Se esperaba que el arbitraje del Tribunal favoreciera a alguno, sin embargo, aún sin tener el dictamen del Tribunal, el 18 de octubre grupos armados desplazaron forzadamente a más de cinco mil personas de 13 comunidades de Chalchihuitán que estaban en el territorio que se disputan. Ambos grupos cuentan con argumentaciones jurídicas para considerar el territorio como propio, lo que genera el principal problema.

    Después de semanas y por la presión de la sociedad civil ante la crisis humanitaria de las personas desplazadas forzadamente, el 21 de diciembre el Gobierno Federal reconoce que hay una problemática y realiza una reunión de trabajo con el gobierno del Estado de Chiapas, con autoridades municipales de Chalchihuitán y Chenalhó, con presencia de sociedad civil y de la Diócesis de San Cristóbal.  Esta reunión reconoce que la situación lejos de resolverse se estaba radicalizando, se hacía más compleja y más grave.

    Como resultado se establecen 4 mesas de trabajo:

    La primera mesa, en la donde el responsable es el Gobierno del Estado de Chiapas, es para atender la crisis inmediata y proporcionar ayuda humanitaria que implica reconocer el desplazamiento forzado derivado de una acción violenta de un grupo armado. Esta mesa conlleva la atención a las más de 1200 personas desplazadas, brindando asistencia médica, alimentación, techo, etc, fuera de sus comunidades y también debe de garantizarles condiciones de retorno seguras a sus lugares.

    La segunda mesa es la de seguridad, que está ligada con la ayuda humanitaria. El planteamiento es generar condiciones de distención en la región, es decir, el desarme de los grupos armados porque está claro que mientras estos grupos sigan actuando fuera de la ley, no hay condiciones de distención o de diálogo. Esta mesa está a cargo del Gobierno del Estado de Chiapas con respaldo del Gobierno Federal.

    La tercer mesa está a cargo de Gobierno Federal con respaldo del Gobierno del Estado, es parte de una segunda etapa y es la mesa agraria. Se propone buscar una solución con base jurídica pero también una solución que obedezca al diálogo y acuerdos entre los dos grupos. Esta mesa es complicada porque participa el Gobierno Federal a través de la Secretaria de Gobernación y la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la cual, hace 45 años tuvo responsabilidad con el origen de los errores de medición que comenzaron esta disputa formal por la tierra.  Sedatu, Gobierno del Estado y Gobierno Federal aceptaron abrir esta mesa para buscar soluciones de fondo.

    Es importante precisar que la resolución del Tribunal Agrario emitida en diciembre de 2017, en estricto sentido no dictamina a favor de ninguna de las dos partes, reconoce que hay un error en la medición de los deslindes y establece la necesidad de reponer el procedimiento, pero en la resolución explicita la necesidad de buscar una conciliación, es decir, no puede haber una solución jurídica satisfactoria para las dos partes porque las dos partes jurídicamente tiene razón. Esta mesa agraria tiene la tarea de generar condiciones de diálogo y un acuerdo de fondo que se tendrá que hacer en un segundo momento cuando existan condiciones de diálogo que será posible después de la distención, es decir, después del desarme.

    La cuarta mesa es la de desarrollo y el responsable es Gobierno Federal. Esta mesa reconoce que hay carencias en la región y que este conflicto para poder ser resuelto necesita brindar a las comunidades de programas especiales, de respaldo, de infraestructura, de producción, de vivienda, etc.

    fuente : serapaz.org.mx

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    Santiago 5 month ago
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