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    ¿cuál es el artículo de la constitución política de los estados unidos mexicanos que consigna la prohibición de la aplicación de la ley retroactivamente en perjuicio de cualquier persona?

    Santiago

    Chicos, ¿alguien sabe la respuesta?

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    Gaceta Parlamentaria

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    MIÉRCOLES 03 DE AGOSTO DE 2011 / GACETA: LXI/2SPR-27/31049

    Iniciativas de Ciudadanos Legisladores

    Estado Actual: Ficha Técnica

    Del Dip. Jorge Herrera Martínez, del Grupo Parlamentario Partido Verde Ecologista de México, la que contiene proyecto de decreto que reforma el párrafo I del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

    SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES CÁMARA DE DIPUTADOS.

    Ver Sinopsis :

    COMISIÓN PERMANENTEDEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓNLXI LEGISLATURA Jorge Herrera Martínez, diputado integrante de la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 73, fracciones  XXX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 77, numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del Pleno la presente iniciativa, con base en la siguiente:Problemática

    Las leyes se expiden para regular los actos y los hechos que sucedan a partir de de su entrada en vigor, es decir para tener un efecto regulatorio en el futuro. Sin embargo, en algunos casos su aplicación tiene efectos que afectan situaciones o estados de cosas creadas en el pasado, afectando con ello los derechos o las expectativas de los mismos, adquiridas al amparo de una ley anterior por quienes resultan destinatarios de las mismas.

    En estos casos, se considera que se está ante normas que son violatorias de la garantía de irretroactividad de la ley.

    Hasta ahora han sido los tribunales los que de manera casuista han determinado por medio de sus resoluciones los casos en los que existen violaciones a  dicha garantía, en la mayoría de los casos de manera por demás acertada, pero también  en algunos soslayando abusos de la autoridad, ello  ante la amplitud y falta de precisión del primer párrafo del artículo  14 de la Constitución que establece, entre otras, la garantía en cuestión.

    En tal virtud y a fin de proponer un marco constitucional que establezca mayor certidumbre el régimen que consagra la garantía de irretroactividad de la ley, se propone la reforma  del primer párrafo el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

    Argumentación

    La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en el artículo 14, que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, a lo sea considerado  como el principio de irretroactividad de la ley.

    En palabras del extinto constitucionalista, Ignacio Burgoa, la no retroactividad legal se ha consignado en el al artículo catorce constitucional como contenido de un derecho público subjetivo derivado de la garantía correspondiente. Ese derecho tiene como obligación estatal y autoritaria correlativa, la consistente en que toda autoridad del estado está impedida para aplicar una ley retroactivamente en perjuicio de  de alguna persona[1].

    Continua diciendo Don Ignacio Burgoa que de la manera como está concebida la disposición constitucional que contiene la garantía  de la no retroactividad de las leyes, se colige que se trata de una garantía contra su aplicación por las autoridades del estado y no contra su expedición, tal como se consagró en la constitución de  de 1857. Según él mismo, en esta la prohibición constitucional atañía exclusivamente al Poder Legislativo Federal o al local; por lo que cuando no se tratara de leyes auto-aplicativas cualquier autoridad administrativa o judicial podría aplicar una disposición legal retroactivamente, ya que la garantía respectiva no se estableció contra su aplicación, En tanto que en la Constitución actual, si bien el Poder Legislativo Federal o Local no está impedido para expedir leyes con carácter retroactivo, ninguna autoridad tiene facultad para aplicar cualquier ley retroactivamente en perjuicio personal.[2]

    En este sentido, para que la aplicación retroactiva  de una ley implique violación a la garantía individual que nos ocupa, es necesario que los efectos de retroacción causen un perjuicio personal. Por consiguiente, en una interpretación a contrario sensu el primer párrafo  del artículo 14 en cita, la prohibición que contiene el mismo, no comprende los casos en que la aplicación retroactiva de una ley no produzca ningún agravio o perjuicio a persona alguna.

    Al respecto y para ilustra lo antes mencionado se cita la tesis en la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado:

    “La retroactividad existe cuando una disposición vuelve al pasado, cuando rige o pretende regir situaciones ocurridas antes de su vigencia retro-obrando en relación a las condiciones jurídicas que antes no fueron comprendidas en la nueva disposición y respecto de actos verificados bajo una disposición anterior. Ahora bien, la Constitución General de la República consagra el principio de la retroactividad, que causa perjuicio a alguna persona , de donde es deducible la afirmación contraria, de que puede darse efectos retroactivos a la ley si ésta no causa perjuicio, como sucede frecuentemente, tratándose de leyes procesales o de carácter penal, sea que establezcan procedimientos o recursos benéficos, o que hagan más favorable la condición de los indiciados o reos de algún delito, ya por elevados fines sociales o por propósitos de humanitarismo.[3]

    fuente : www.senado.gob.mx

    Comparador de Constituciones del Mundo. Proceso Constituyente

    Comparador de constituciones políticas de 194 países, en idioma español.

    MÉXICO 1917

    MÉXICO 1917 TÍTULO PRIMERO

    CAPÍTULO I. DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS

    ARTÍCULO 1°

    En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

    Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

    Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

    Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

    Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

    ARTÍCULO 2°

    La Nación Mexicana es única e indivisible.

    La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

    La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.

    Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

    El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.

    A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes.III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales.IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en esta Constitución.VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos de esta Constitución. Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en términos de ley.VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos.

    Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas.

    VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.

    fuente : www.bcn.cl

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    Santiago 5 day ago
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    Chicos, ¿alguien sabe la respuesta?

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